Desde 2005, el marco jurídico de las zonas francas colombianas cambió mediante la Ley 1004 de ese año; en él, Colombia se acogió a los compromisos adquiridos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para convertir la figura de las zonas francas en un sujeto que promueve la creación de empleo y estimula la inversión extranjera directa (IED), dejando a un lado los estímulos a los exportadores, que se convertían en subvenciones.